Armando Pérez, CEO del primer growshop en Perú, comparte información acerca del documento que ha remitido a la Contraloría General de la República y afirma que no cesará la lucha hasta que la verdad salga a la luz
Hace algunos días, exactamente desde el 12 de diciembre de este año, el Estado peruano empezó la venta de aceite de cannabis medicinal en la única farmacia —sí, una sola farmacia para todo el país— de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), ubicada en el distrito de San Miguel, Lima. La entidad comunicó que la medicina ya se encuentra a disposición de los pacientes y su precio es de S/ 47.70.
Lo que no ha sido tan mediático es la respuesta de Armando Pérez, activista peruano y dueño de la tienda para artículos de jardinería Marley’s Planet. El empresario dijo que, en la propia información del portal web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se puede detectar ciertas anomalías y serias irregularidades en el proceso de licitación mediante el cual el gobierno realizó la compra de 10 litros de aceite de cannabis.
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Contundentes declaraciones
“Ya habíamos advertido de un mal manejo del tema”, dice Armando, quien también formuló un pronunciamiento acerca de las deficiencias del Reglamento de la Ley 30681. “Nunca hubo voluntad para hacer las cosas bien por parte del Estado. No se consideraron aspectos relevantes en la ley, peor aún en el reglamento. Todo esto desencadenó un ambiente lleno de vacíos legales, incongruencias y otros problemas alrededor del tema”, añade el empresario.
“A pesar de que hemos enviado más de una decena de cartas con información y documentos que sustentan nuestras sugerencias, jamás obtuvimos respuesta ni contacto de las autoridades a quienes compete directamente el tema. No se puede decir que no se ha tratado de aportar. Simplemente nos han ignorado y ahora están las consecuencias previamente advertidas”, concluye Armando.
Armando sostiene, además, que el panorama de la licitación es oscuro y suspicaz, pues “las horas no coinciden en las distintas etapas, la diferencia de precios entre una empresa y las otras dos es enorme, la evaluación de cotizaciones y el otorgamiento de la buena pro se hacen en 10 minutos y este precedente afectará de forma severa la naciente industria del cannabis medicinal en el Perú”..
Todo seguirá su curso
La denuncia, junto con los documentos y pruebas necesarias, ya está en manos de las autoridades correspondientes. Armando contó que se ha asesorado legalmente y que, según los expertos, esta licitación es irregular y sospechosa “por donde se le mire”. Además, lleva como agravante que, al ser la primera compra de este producto por parte del Estado, “marca un mal precedente para la transacción”.
Sin duda alguna, un caso que debe repercutir en la opinión pública y mantener vigilantes a los entes fiscalizadores. La salud es un tema delicado y crucial para el desarrollo de un país, hechos de corrupción en el gobierno dañarían más aún la mala percepción que ya se tiene de parte de las autoridades.